Tras 40 días de confinamiento, los datos que tenemos empiezan a darnos algunas certezas. Las medidas y la falta de ellas, junto a no tener una clara hoja de ruta nos causan incertidumbres en una crisis sanitaria, económica y política nunca antes conocida.
La crisis sanitaria es la más dolorosa porque están falleciendo muchas personas. Es responsabilidad del gobierno de España su gestión y por lo tanto sus consecuencias, ya que tanto políticos como técnicos de alto rango cobran para que esto no ocurra y si ocurre, para que las consecuencias sean menores. Tendrán que asumir las consecuencias de su responsabilidad, por su acciones y por sus inacciones. Esto se enlaza a la crisis política que a 360º está provocando una grave desafección de las personas a las instituciones y el rechazo que cada ciudadano está teniendo a las posiciones políticas contrarias a las suyas todo ello fomentado por el «pago por click», que está dando lugar a enfrentamientos, crispación y falta de confianza. Sólo una justicia libre, independiente y objetiva puede dar certeza de lo que ha pasado.
La crisis económica tiene a su vez dos fases temporales, la primera fase para paliar el confinamiento y la segunda fase, aún sin definir con claridad, con las medidas que tienen que devolver al tejido productivo y por consiguiente a las personas a la actividad. Voy a desgranar ambas para del análisis macroeconómico pasar al microeconómico.
Las medidas económicas de la fase de confinamiento estaban bien conceptuadas cubriendo a personas y empresas, además se anunciaron pronto: ERTE´s exonerando del pago seguros sociales en las actividades no esenciales y esenciales con matices, prestaciones a trabajadores autónomos incluso societarios, moratorias en pagos de prestamos de consumo e hipotecarios, salario mínimo vital (la economía sumergida que también está paralizada según Funcas es del 23% y estas personas tienen que comer), moratoria en el pago de impuestos, inyección de liquidez para empresas con aval estatal del 80%, suspensión de cortes de suministros, ayudas al alquiler, etc.. bien focalizadas pero mal temporalizadas. Esto les resta eficacia y genera incertidumbre.
Las medidas para la fase de inicio de la producción están sin definir y provocan incertidumbre. La incertidumbre y la producción económica son enemigos acérrimos. FMI, consultoras de prestigio y organismos económicos hablan de una caída del PIB sobre el 10%. Como lo que produce el país es 1 billón de euros y lo que debemos es casi la misma cantidad, el cálculo es bien sencillo. Vamos a tener un desfase entre ingresos y gastos de 100 mil millones por la caída del PIB, que si lo sumamos a los 200 mil millones en los que nos vamos a endeudar para hacer frente a esta crisis el resultado es que hay un desfase de 300 mil millones de euros. Europa a través del programa de estabilidad (MEDE), el seguro de desempleo europeo (SURE) y el banco europeo de inversiones (BEI) aportarán 150 mil millones, por lo que, si no hay acuerdo europeo, España se enfrenta a la necesidad de financiar 150 mil millones de euros. Es para encontrar esa cantidad por lo que estamos pidiendo «coronabonos», que no deja de ser un instrumento para prestamizar la deuda a muy largo plazo, porque de otra forma, sólo hay una salida: pedir el rescate a Europa. Esto se traduce en impuestos, recortes e intervención económica.
Sea como fuere, o por la via del rescate o por los famosos «coronabonos» esto hay que pagarlo y la única fuente para pagar estos prestamos que vamos a necesitar son las subidas de impuestos a los ciudadanos y empresas. IVA, impuesto de sociedades, impuestos indirectos y un sin fin de nuevas tasas que van a lastrar el consumo interno y la inversión empresarial, además de profundizar la recesión y el desempleo. ¿Qué se necesita entonces? Justo lo contrario: reducir impuestos a personas y empresas para que gasten los primeros e inviertan los segundos y un ajuste extraordinario del sector público para destinar ese dinero a la inversión pública con retorno de inversión y creación de empleo con partidas a fondo perdido útiles y accesibles para I+D para que seamos competitivos. ¿Quiero decir con esto que hay que recortar en sanidad y en educación u otros servicios sociales? Rotundamente no, al revés. La Ministra Montero acaba de explicar en sesión de control que el aumento del déficit previsto del 2.6% al 2.8% de 2019 ha venido por el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y que la Administración General del Estado ha gastado menos que en años anteriores.
He aquí el quid de la cuestión para que la incertidumbre económica que actualmente tenemos sobre los próximos años nos traiga una pronta recuperación: reducir impuestos para promover el consumo de las personas y la inversión empresarial y un ajuste extraordinario del sector público para, sin mermar la calidad de los servicios sociales, hacer inversiones públicas con un retorno que provoque creación de empleo neto. Para conseguir esto hace falta altura política, amplitud de miras y pensar en un país mejor.