Soy de los que piensan que las graves crisis como la que estamos viviendo se pueden gestionar de dos formas: mal o rematadamente mal. Lógicamente cuando tenemos tantos “stakeholders” (grupos de interés) y tan polarizados el acierto es tan subjetivo como utópico.
Si España aún no ha quebrado – en los Estados es más complejo, pero así nos entendemos – es porque el Banco Central Europeo ha comprado el 100% de la deuda que como país hemos emitido y ese balón de oxígeno nos permite cumplir con nuestras obligaciones de pago, pero cuando empezamos a bajar hacia la microeconomía la situación que palpamos empieza a ser dramática. El PIB ha bajado un 11% y el Índice de Producción Industrial ha caído un 9,1% y el desempleo está sostenido por los ERTES.
En las empresas, las decisiones ya no las toma un director general. Se crean equipos multidisciplinares que abarcan todos los aspectos de la empresa que van desde operaciones, marketing, financiero, tecnológico, producción y dirección, etc y estudian los nuevos pasos que van a dar para escribir a lápiz – a lápiz porque con tanta incertidumbre van a tener que ir borrando y reescribiendo – su estrategia: lo que quieren ser, al mercado al que quieren acudir o como van a captar más clientes por poner ejemplos sencillos. Además, contratan consultorías especializadas externas para tratar de minimizar los riesgos de sus decisiones. Estas empresas se enfrentan a momentos críticos cuando toman estas decisiones, ponen en riesgo su supervivencia, decisiones que pueden provocar la ruina o el éxito y esta ruina afecta tanto a los que toman la decisión como a los trabajadores. Además, en las pequeñas empresas se hace constantemente, aunque no nos demos cuenta. El ejemplo es el bar de copas que decide ampliar a desayunos especiales para ir pivotando y captando más negocio.
En Andalucía, el comité de expertos que está tomando las decisiones sobre las medidas a tomar y que afectan a la actividad económica son todos magníficos y excelentes profesionales de la salud. Todos han estado en primera línea de gestión hospitalaria, es decir, gestionando dinero que no es suyo y que “siempre hay más”. No saben lo que es un concurso de acreedores o que ocurre cuando no entran clientes o como transformar un modelo de negocio para que sobreviva. Quizás esto es nuestra mayor dificultad a la hora de progresar como país, porque a nivel estatal ocurre exactamente igual. Gestionan las crisis quienes no saben lo que es porque su sueldo a final de mes está asegurado o deciden equipos monodisciplinares que toman decisiones que afectan a grupos de población que no están representados.
Ayudas directas. Si, ayudas directas. Desde el Ministerio que dirige Calviño no se quieren aplicar -aunque empiezan a deslizar que van a tener que hacerlo- porque no se sabe que van a hacer los empresarios con ellas, que puede ser que muchos le den un mal uso. Seguro que ocurrirá en algunos casos. También pasa con los presupuestos que se dan a Ministerios, Consejerías y Delegaciones Territoriales. El claro ejemplo es el presupuesto que se ha otorgado para probar la semana laboral de 4 días, que como idea es muy buena, lo que si tengo claro es que no es el momento porque ahora de lo que se trata es de salvar empleos y las pensiones a largo plazo, porque garantizadas no están con estos niveles de población trabajando. Si reducimos la jornada laboral, el coste laboral aumenta y provoca una subida de precios que pone la inflación por las nubes al poco, vienen las quiebras.
Estas ayudas directas no son realmente ayudas, son una indemnización por obligarlas al cierre, porque las empresas no tienen la culpa de que la gestión sanitaria sea inadecuada, ineficaz o que simplemente no de resultado. Si la empresa deja de pagar el IVA o los seguros sociales, esa responsabilidad va directamente al empresario como persona física. ¿Porqué con esto no es igual? La Administración te obliga a cerrar y tiene que pagártelo. Tenemos que dejar que los empresarios sean quienes gestiones el dinero porque son quienes realmente saben hacerlo, estableciendo altísimos controles y sanciones tan altas, que a nadie se le ocurra jugar con el dinero y el sueldo de sus empleados. Esto también es ser progresista, porque si la productividad no aumenta, llegarán reformas que afectarán al sistema público, un sistema público con mucho peso económico pero cuyo reparto es muy cuestionable y eso si que va a lastrar nuestro progreso. Hay algunas formas de articularlas por ejemplo transformando los “ICO´s COVID” en capital permanente de las empresas o reduciendo carga de seguros sociales para quienes fomenten el empleo.
¡Herramientas hay! Pero, ¿Hay la valentía de ponerlas en marcha?
Tomás Herrera Suárez 